El Consejo Nacional de Áreas Protegidas a
través del Secretario Ejecutivo Ing. Enrique Barahona participó en el evento
para la firma de la declaración“Unidos por la Justicia Ambiental” signada por Instituciones Públicas,
Organizaciones y Sociedad Civil.
Esta firma tiene como objetivo establecer
estrategias de protección y conservación, para evitar la depredación de las
áreas protegidas del país afectadas por las incursiones de la ganadería ilegal,
usurpaciones, tráfico ilegal de vida silvestre, incendios forestales, tala
ilegal y narcotráfico, instituciones gubernamentales y organizaciones de la
sociedad civil y asociaciones relacionados en el tema ambiental.
Este documento pretende fortalecer la
aplicación de la justicia ambiental en las áreas protegidas de Guatemala,
prevenir y combatir los delitos contra el patrimonio natural y cultural, así
como, delitos contra personas que defienden el ambiente, para ello se hace
necesario la cooperación, coordinación y fortalecimiento de las acciones para
el combate de este flagelo.
Las autoridades firmantes acordaron: defender
desde el ámbito de su competencia el patrimonio natural y cultural, así como,
abordar el impacto social de manera urgente de interés público y seguridad
nacional, fortalecer la institucionalidad socio-ambiental, específicamente las
dependencias que tengan a su cargo la administración de áreas protegidas, desarrollar
alianzas y esfuerzos orientados a recuperar la gobernabilidad y el control de
las áreas protegidas, fortalecer la justicia ambiental a través de unidades,
personal técnico y operativo especializado, dar continuidad a la mesa de alto
nivel por tiempo indefinido, la mesa de alto nivel designará un delegado
titular y un suplente para integrar las comisiones técnicas ambientales,
quienes serán los responsables de ejecutar y monitorear los planes de acción en
el marco de la Política Nacional de Prevención y Combate de la Defraudación y
el Contrabando Aduanero, dar participación a organizaciones de la sociedad
civil en la mesa de alto nivel y comisiones técnicas ambientales y dar
seguimiento a las acciones de alto nivel definidas en esta declaración.
Antecedente:
El pasado 11 de abril del año en curso, la
Fiscal General y Jefe del Ministerio Público doctora María Consuelo Porras
Argueta convocó a las instituciones públicas y organizaciones civiles
relacionadas con la conservación ambiental para definir nuevas estrategias que
permitan abordar y superar la problemática ambiental en el país.
Es por ello que, se estableció la mesa de
trabajo de alto nivel integrada por el Ministerio Público, el Organismo
Judicial, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Consejo Nacional de
Áreas Protegidas, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación,
Ministerio de Cultura y Deportes, Ministerio de la Defensa Nacional, Ministerio
de Energía y Minas, Ministerio de Relaciones Exteriores, Procuraduría General
de la Nación, Superintendencia de Administración Tributaria, Policía Nacional
Civil, Instituto Nacional de Bosques, Instituto Guatemalteco de Turismo,
Asociación Balam, Asociación de Comunidades Forestales de Petén, Ministerio de Gobernación, Ministerio de Relaciones
Exteriores, CALMECAC, Centro de Estudios Conservacionistas, Defensores de la
Naturaleza, Foro de Justicia Ambiental del Petén, Fundación para el
Ecodesarrollo y la Conservación y Wildlife Conservation Society.
De esta forma se evidencia
el compromiso de los diversos sectores del país, por garantizar la permanencia
de nuestros recursos ambientales en beneficio de las presentes y futuras
generaciones
El Consejo Nacional de Áreas Protegidas a través del Secretario Ejecutivo Ing. Enrique Barahona participó en el evento para la firma de la declaración“Unidos por la Justicia Ambiental” signada por Instituciones Públicas, Organizaciones y Sociedad Civil.
Esta firma tiene como objetivo establecer estrategias de protección y conservación, para evitar la depredación de las áreas protegidas del país afectadas por las incursiones de la ganadería ilegal, usurpaciones, tráfico ilegal de vida silvestre, incendios forestales, tala ilegal y narcotráfico, instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil y asociaciones relacionados en el tema ambiental.
Este documento pretende fortalecer la aplicación de la justicia ambiental en las áreas protegidas de Guatemala, prevenir y combatir los delitos contra el patrimonio natural y cultural, así como, delitos contra personas que defienden el ambiente, para ello se hace necesario la cooperación, coordinación y fortalecimiento de las acciones para el combate de este flagelo.
Las autoridades firmantes acordaron: defender desde el ámbito de su competencia el patrimonio natural y cultural, así como, abordar el impacto social de manera urgente de interés público y seguridad nacional, fortalecer la institucionalidad socio-ambiental, específicamente las dependencias que tengan a su cargo la administración de áreas protegidas, desarrollar alianzas y esfuerzos orientados a recuperar la gobernabilidad y el control de las áreas protegidas, fortalecer la justicia ambiental a través de unidades, personal técnico y operativo especializado, dar continuidad a la mesa de alto nivel por tiempo indefinido, la mesa de alto nivel designará un delegado titular y un suplente para integrar las comisiones técnicas ambientales, quienes serán los responsables de ejecutar y monitorear los planes de acción en el marco de la Política Nacional de Prevención y Combate de la Defraudación y el Contrabando Aduanero, dar participación a organizaciones de la sociedad civil en la mesa de alto nivel y comisiones técnicas ambientales y dar seguimiento a las acciones de alto nivel definidas en esta declaración.
Antecedente:
El pasado 11 de abril del año en curso, la Fiscal General y Jefe del Ministerio Público doctora María Consuelo Porras Argueta convocó a las instituciones públicas y organizaciones civiles relacionadas con la conservación ambiental para definir nuevas estrategias que permitan abordar y superar la problemática ambiental en el país.
Es por ello que, se estableció la mesa de trabajo de alto nivel integrada por el Ministerio Público, el Organismo Judicial, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Consejo Nacional de Áreas Protegidas, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Ministerio de Cultura y Deportes, Ministerio de la Defensa Nacional, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Relaciones Exteriores, Procuraduría General de la Nación, Superintendencia de Administración Tributaria, Policía Nacional Civil, Instituto Nacional de Bosques, Instituto Guatemalteco de Turismo, Asociación Balam, Asociación de Comunidades Forestales de Petén, Ministerio de Gobernación, Ministerio de Relaciones Exteriores, CALMECAC, Centro de Estudios Conservacionistas, Defensores de la Naturaleza, Foro de Justicia Ambiental del Petén, Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación y Wildlife Conservation Society. De esta forma se evidencia el compromiso de los diversos sectores del país, por garantizar la permanencia de nuestros recursos ambientales en beneficio de las presentes y futuras generaciones
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